La evaluación es una empresa lucrativa y un perfil profesional al que muchos se han sumado careciendo de las mínimas competencias y conocimientos exigibles. Evaluar es emitir juicios de valor sobre objetos diversos, incluidas las iniciativas de intervención social. El planteamiento convencional es racionalista (diagnóstico, planificación, intervención y análisis del impacto), a pesar de que los modelos racionalistas hayan perdido vigor en las ciencias sociales a favor de alternativas políticas, simbólicas o caóticas, tal como apreciamos en la historia del pensamiento organizacional. En una perspectiva construccionista, observamos además el poder reificador de los criterios escogidos en cada situación
de evaluación. La evaluación sugiere o impone qué es lo correcto en cada caso; criterios que pasan a acotar, dar sentido y prioridad a determinado modo de entender las relaciones sociales, los objetivos o el modo de comportamiento personal y organizacional. Mi propuesta es elevar esta inevitable consecuencia práctica de las evaluaciones a rango de virtud política y ética, al servicio de los intereses y deseos de futuro de los grupos que participan en procesos evaluativos, primando su función estratégica sobre las tradicionales funciones de mejora y rendición de cuentas.